Dejémonos de simplezas y eufemismos calificando al Estado Español de ineficiente, financieramente imposible o políticamente absurdo. España es simple y llanamente un ESTADO FORAJIDO que emplea la fuerza para robar y estafar descaradamente e impunemente a todos los ciudadanos bajo su dominio.
Reconozco que el párrafo anterior constituye una acusación muy grave, más que grave GRAVISIMA, pero que responde a argumentos inapelables característicos del Reino Borbón y la gentuza que se cobija bajo la Corona.
Analicemos sucintamente tales circunstancias:
En España no existe la separación de Poderes. Más grave aún: en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los principios morales y hoja de servicios no son tomados en cuenta para establecer los requisitos mínimos de ingreso, progresión y mando. Los Senadores y Diputados no responden a los intereses y voluntad de sus votantes, solamente a los del Partido, porque son elegidos en listas cerradas, sin posibilidades de eliminación ni preferencia por méritos.
Los Parlamentarios están a las órdenes EXCLUSIVAS del Jefe del Partido. Independientemente de que su voto constituya una puñalada para los ciudadanos de la circunscripción a la cual deberían defender, estos "representantes" asisten a las Cámaras cuando se lo ordenan y aprueban o rechazan las propuestas que les digan, sin haberse tomado la innecesaria labor de leer los títulos. En consecuencia las sesiones de las Cámaras siempre están vacías.
El Poder Judicial está manipulado y descaradamente al servicio de los partidos políticos, que nombran y destituyen jueces a capricho. Aquellos jueces que se han atrevido a desafiar las órdenes superiores y pretendido encarcelar banqueros y políticos del Gobierno, han sido destituidos y enjuiciados. En el colmo de la parodia judicial española, se da el caso de los banqueros de C.Manresa que habiendo estafado a su banco con decenas de millones de euros, fueron condenados a tres meses de cárcel, pero liberados en el mismo acto por falta de antecedentes. En un Tribunal cercano, dos chicas acusadas (sin pruebas) de haber tirado pintura a una piscina vacía durante una protesta sindical, fueron condenadas a 7 años de cárcel.
El más alto Tribunal español, el Constitucional, además de politizado, constituye el ejemplo máximo de la metástasis judicial. Tres años atrás su Presidente fue obligado a renunciar porque lo descubrieron defraudando con gastos personales por decenas de miles de euros a la Institución. Recientemente uno de sus miembros fue detenido conduciendo en estado de ebriedad y exceso de velocidad por Madrid. El nuevo Presidente del Constitucional, llegó con el cargo en la mano, pero no es constitucionalista sino abogado laboral y miembro de número del Partido Popular gobernante.
El Estado Español está al servicio de los factores económicos y fuerzas políticas a su servicio, incluida la Casa Real. Para los factores de poder la población solamente constituye un factor de enriquecimiento a la que exprimen sin contemplaciones. Las leyes sociales vigentes son desconocidas olímpicamente y ni siquiera las llamadas de atención a los abusos del Estado y sentencias correctivas del Tribunal Internacional de La Haya son atendidas, aunque este recurso está siendo empleado con mayor frecuencia por la población de España.
El Estado Español, ignorando la situación desesperada de la población, ha llegado al extremo de la desidia: en este 2014 pagó con varios meses de antelación al vencimiento, préstamos por más de mil millones de € a la banca internacional, mientras recorta los presupuestos para fomentar el empleo y las ayudas sociales.
Hasta las Fuerzas Armadas han servido para cosechar euros. El Ministro de Defensa que protagonizó la época cuando tuvo lugar el accidente del Yak42 que costó la vida de 62 soldados que volvían del frente de guerra, ha sido nombrado Embajador en Inglaterra. Nadie fue investigado por esas muertes ni por el subsiguiente manejo estrafalario de la repatriación de los cuerpos. Era de esperar ¿Qué más podríamos esperar de unas Fuerzas Armadas cuyos Ministros son lo que son? El actual es el mayor contratista de armas de España.
Los grandes estafadores al Estado están protegidos por los órganos de seguridad y vigilancia del Gobierno. Apenas 5 banqueros los los más de 100 que estafaron de manera planificada a centenares de miles de pensionistas con bonos basura, han sido procesados, la mayoría ni siquiera acusados. Desde luego NINGUNO vio la cárcel, salvo uno, el mayor estafador de Europa y Presidente de Caja Madrid, que visitó la cárcel 2 veces, ambas por pocos días, hasta que al Juez lo destituyeron y acusaron de prevaricar.
Existen estafadores y ladrones de largo historial entre los Ministros, Directores, Diputados, Senadores, Alcaldes... Hasta el Jefe del Estado y dos de sus antecesores habrían sido destituidos y llevados a la cárcel en los otros países de la U.E. o Norteamérica.
Claro está que los desfalcos a la Hacienda Pública son perseguidos en España, pero únicamente cuando se trata de ciudadanos comunes. Cuando los delincuentes son grandes empresas o personajes públicos prominentes, la justicia los ignora y de ser necesario, como en el caso de Caja Madrid, los protege y blinda de jueces liberales o acciones recriminatorios de la población.
Hasta la Confederación de Empresarios de España ha sido dirigida en años recientes por viles estafadores, algunos tan descarados que los Tribunales no han podido evitar dictar sentencia condenatoria. Lo mismo podemos decir de los sindicatos, protagonistas de estafas multimillonarias, como la protagonizada en Andalucía contra los programas de formación de los trabajadores.
El sistema de salud está dirigido por una Ministra que participó y se benefició con las estafas millonarias públicas de la Trama Gürtel. No es de extrañar que el sector salud esté siendo desmantelado y depauperando sistemáticamente, echando al personal especializado de los hospitales a la calle, para inmediatamente contratar los servicios médicos a precios exorbitantes con empresas de amigos sin experiencia en salud.
Las fuerzas policiales vienen siendo empleadas como fuerzas de choque contra las protestas laborales y vecinales. Paralelamente los órganos de seguridad del Estado están dedicados a "fabricar informes" contra los adversarios políticos del momento, informes que luego resultan falsos y desaparecen sin consecuencias para sus autores y promotores. La represión policial en España y sus fronteras, ha adquirido visos de criminalidad, con muertos y heridos por doquier, ante lo cual se ha dictado un decreto que "criminaliza" a quienes hagan uso de cámaras de foto o video en manifestaciones donde la policía esté presente en "actos de servicio". Las manifestaciones públicas han sido prohibidas cuando ello ponga en riesgo la tranquilidad de los políticos y sus cómplices. Manifestarse a menos de 300 metros del Congreso conlleva detenciones y multas de hasta 600.000 €. Ha leído bien, seiscientos mil €.
Con cada cambio de Gobierno, la Ley de Educación Nacional es sustituida por otra con enfoques políticos distintos, lo que explicaría la pésima educación que se imparte en España. De la misma manera las frecuencias de televisión son asignadas y revocadas a capricho de cada Gobierno sucesivo, para castigar y favorecer a enemigos y amigos del Gobierno o a otras regiones de España, según que sean más o menos favorables a los intereses de Madrid.
Podríamos seguir indefinidamente, inclusive mencionar expedientes, detallar farsas, enumerar casos... No vale la pena, sería como agregarle otra raya a una cebra. Con lo expuesto ya es suficiente para comprender que los pobladores de España no disfrutan de un Gobierno medianamente decente. Es ese un país atrapado en las redes de una horda de caníbales sociales, ladrones con poder de vida y muerte sobre la población, gentuza que emplea la fuerza de las armas para agredir físicamente y judicialmente a quienes cometan la osadía de protestar, pedir justicia o simplemente exigir ser escuchados.
Por eso repito que
ESPAÑA ES UN ESTADO FORAJIDO
3- Pertenecer a la Unión Europea está dejando de ser un punto de atracción para muchísimos catalanes que vemos en Suiza una mucho mejor condición política y económica.
