LOS ESTERTORES DEL REGIMEN

Entre los principios que rigen la Naturaleza existen dos que quisiera traer a la atención. El primero es el principio natural de que todo ser vivo que nace, tarde o temprano muere. El otro es una ley física: toda fuerza existente o creada, genera inmediatamente otra fuerza de igual o mayor potencia que actúa en sentido diametralmente opuesto. La conjunción de ambas leyes naturales explica por qué los imperios mueren. Independientemente de su fuerza y extensión, cada imperio o régimen político llega a su fin sin importar el terror que emplee para subsistir. porque sus víctimas responderán con igual fuerza y al final ganarán porque los esclavos suman más que sus amos. El único sistema político que podrá existir indefinidamente es la democracia en sus diversas modalidades, porque se fundamenta en un principio socialmente anhelado por la raza humana: LA LIBERTAD del colectivo para escoger su presente y planificar el futuro.

 
¿Acaso es la democracia el sistema sociopolítico perfecto? No, absolutamente no, pero es el que presenta menos resistencia de los individuos y más posibilidades de satisfacción personal y colectiva. A ello se debe que, tras la Segunda Guerra Mundial, el choque entre tres modelos sociales, democracia, comunismo y fascismo, haya terminado imponiéndose la democracia. El fascismo sucumbió a las armas del mundo libre y el comunismo implosionó a consecuencia de su incongruencia genética.

En España estamos presenciando los últimos estertores de un régimen que constituye un absurdo en el Siglo XXI. Se trata de una monarquía disfrazada de constitucional, cuyas características desvirtúan el modelo democrático. Veamos:

• La Familia Real que supuestamente rige en España, está secuestrada por un grupo oligarca que posee y domina el país. A cambio, los componentes reales disfrutan de inmunidad, están más allá del bien y del mal. Sus desvaríos, dolos y ejemplo pernicioso, constituyen escándalos públicos que se extienden impunemente en el tiempo, protegidos tras los mecanismos de la justicia.

• El Poder Ejecutivo está hoy constituido por un Presidente huérfano de la confianza mayoritaria de la sociedad y por un grupo ministerial en el que tienen cabida todo clase de gente. Designado por la Cámara de Diputados, debe obediencia a la dirigencia central y foránea del Partido de Gobierno, en el que abundan ejemplares reñidos con los mínimos principios morales.

• El Poder Legislativo está diseñado para rendir servicio y permanencia a un sistema bipartidista de gente dada al enriquecimiento propio. La clase política como un todo y sus colegas sindicalistas, siguen siendo protagonistas altaneros de crímenes contra la Hacienda Pública que a su vez se niega a señalar culpables.

• Esta sinrazón pervive gracias a un sistema electoral viciado que mantiene a los aspirantes cual un bloque anónimo en el que se esconden lagartijas de todo tipo y que suma o resta caprichosamente los sufragios a través del país de manera que los dos grandes partidos dominen inevitablemente la política.  Este sistema induce a los españoles a votar “contra” un partido en vez de votar afirmativamente por otro y promueve el olvido inmediato de las propuestas electorales en cuanto se cierran las mesas de votación.

• El Poder Judicial constituye un centro de poder manejado por la clase política, que lo nombra y destituye según servicios prestados. Si bien existen ejemplos de probidad judicial, la opinión pública entiende que se trata de excepciones dentro de un sistema politizado y podrido.

• Por su parte el poder económico, especialmente la banca, disfrutan de autorización tácita amplia para estafar de manera extensiva y someter la clase trabajadora a las peores condiciones laborales conocidas.

Es natural que la población de España esté reaccionando contra el poder abusivo de una casta dominante que se rige por las normas de la Corte de Felipe V. A pesar de ello se multiplican las concentraciones populares reclamando derechos, cuestionando actuaciones, rechazando leyes y reglamentos y exigiendo un cambio social acorde con la Unión Europea. Para agravar el panorama, Cataluña y el País Vasco están exigiendo su independencia, desesperados por librarse del Reino de España. Se rata de una semilla que se empieza a extender a otras regiones, aunque la respuesta oficial, lejos de escuchar el clamor nacional y corregir, se ha limitado a seguir el viejo estilo dominante imperial. Veamos sus reacciones más notorias:

• Ordenando a la Fiscalía del Estado y la Hacienda Pública, el blindaje de los miembros de la Familia Real, en evidente complicidad con políticos y pillos del mundo financiero.

• Politizando aún más el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sometiendo así todas las decisiones a la conveniencia del órgano político.

• Ordenando la homogenización del país en lo referente a usos, cultura y costumbres, confiando en que nivelando la instrucción por lo bajo y eliminando regionalismos, asegurarán la obediencia general a la Capital del Reino.

• Creando conflictos entre regiones y culturas, para minimizar la unidad de criterios y posibilidades de una reacción nacional.

• Aumentando las tasas judiciales y distancias entre la población y los tribunales de primera instancia, a fin de obstaculizar el acceso popular a los órganos de justicia.

• Dificultando y encareciendo el acceso a la educación, conscientes de que un pueblo que se embrutece también se vuelve más dócil.

• Devaluando el sistema de pensiones para reducir la expectativa de vida y así rebajar el número y entusiasmo de los votantes.

• La Capital del Reino está protagonizando la entrega del sistema de sanidad pública a empresarios improvisados con el propósito de convertirlo en un negocio masivo y al mismo tiempo, crear una metodología que les permita controlar estrictamente los grupos de población que deberán ser beneficiados con programas de salud preferente y medicamentos.

Este conjunto de planes perversos, ejercidos por el sistema político binario español, venía funcionando a medio gas en el pasado, pero lo han acelerado con la llegada al poder del Partido Popular. Esta situación ha sido motivo de alarma en la prensa nacional, que ha empezado a criticarla y destaparla, salvo ABC, La Razón e Intereconomía, portavoces de la oligarquía y defensores del terror desde su inauguración. También la población se ha movilizado contra el Gobierno con diversas manifestaciones, entre ellas:

Marchas contra la degradación plantificada de la educación.
Organizaciones de defensa contra desahucios bancarios.
Manifestaciones multitudinarias en defensa de la salud pública.
Marchas sindicales.
Concentraciones prolongadas exigiendo cambios políticos.
Cercos a las sedes de los Poderes Políticos.
Manifestaciones airadas (escraches) contra la clase política en la calle, frente a los juzgados y alguna ante las casas de políticos.
Cadenas humanas exigiendo libertades.

A todo ello, el Gobierno del Partido Popular está respondiendo con la violencia, lanzando repetidamente los órganos policiales contra los manifestantes. Actuando como cuerpos de choque, los cuerpos policiales han aplicado la violencia sin miramientos contra la población indefensa, disolviendo marchas y dejando heridos, pero incrementando las críticas y el rechazo.

Ante la poca efectividad lograda con la violencia,  se han levantado barreras metálicas para blindar el Congreso contra las marchas, han incrementado descaradamente la propaganda oficial anunciando repetidamente éxitos económicos que son desmentidos por Europa y prometiendo puestos de trabajo efímeros y con frecuencia  inventados. Las demostraciones populares han sido y continúan siendo descalificadas con insultos y ya en el colmo de los colmos, han calificado a la plataforma contra los desahucios, la PAH liderada por Ada Colau, de “hordas nazis”, mientras que el Parlamento Europeo la galardonaba con el Premio al Ciudadano Europeo.

Es evidente que estamos presenciando los últimos estertores de un régimen liderado por un Gobierno que continúa inspirado por la dictadura de su viejo ideólogo: Francisco Franco. En el Congreso de los Diputados están decidiendo nuevas medidas contra las demostraciones populares que PROHIBIRAN a la población acercarse al Parlamento para reclamar su comportamiento antidemocrático o denunciar los actos criminales de los políticos. Quedarán VETADAS las asambleas no afectas al Gobierno y se eliminarán el DERECHO de reunión en lugares públicos. Las penas por esos ¿DELITOS? fluctuarán desde cárcel a multas impagables que podrían ascender hasta 600.000 €, montos superiores a cualquier concepto conocido.

¿Alguien piensa que atizando el fuego y atornillando la tapa de la olla se logrará un mejor cocido? No, es evidente que con ello sobrevendrá una explosión. Es posible que a Mariano Rajoy, imitando a la Dictadura muerta con su funesto líder el 22 de Noviembre de 1975, se le haya ocurrido reprimir las reacciones previsibles con la fuerza militar. Sería una aventura esperada y deseada por los Generales aburridos en sus cuarteles. En cualquier caso, este régimen morirá, ya sea para transformarse en un democracia verdadera o en otra dictadura. Veremos qué hará la Unión Europea al respecto.