DE GOOGLE Y EL DERECHO DE PERNADA

GOOGLE, el gigante internacional de la información, ha hecho pública su decisión de excluir a España del mundo de la información que controla esa organización. En pocas palabras, España ha dejado de existir para los asiduos de Google, que son casi CUATRO MIL millones de lectores en el mundo.

¿A qué puede responder tan irracional decisión? ¿Qué ha movido a Google a sacar España de la información internacional? ¿Cómo justificar que un país con 45 millones de siervos desaparezca de los titulares de Internet?


Este imposible obedece a que el Gobierno de España, fiel servidor del capitalismo que ordeña al país, accedió a traspasarle a los medios de prensa unos cuantos millones anuales de los haberes de Google, eso que llaman "derechos de Autor" que tienen que pagarse a quienes imprimen la información, dice la Ley. 
El Gobierno de Rajoy echó mano de ese principio para avisarle a Google que las noticias que publicase, previamente aparecidas en la prensa española, causarían "derechos de autor". Que esas noticias hubiesen aparecido previamente en otros medios de prensa y que los españoles se las hubieran copiado, sería tema a discutir. Tampoco se aclara cómo juzgar las noticias de prensa originadas por el "cable internacional", ya sea la CNN, FrancePress o Japan News.

Para sorpresa de algunos, Google no ha respondido a la advertencia de pago española. Ni siquiera hubo una reunión para analizar la situación, mucho menos para sacar cuentas del dinero involucrado. Aquel que en Google puede hacerlo preguntó simplemente: "¿Que España quiere robarnos? - y respondió ejecutivamente - Saquen a ese país de nuestros informativos y que se vaya a la mierda".

Imagino la sorpresa de Rajoy ante la decisión de esa organización mercantilista, vulgar comerciante extranjera de noticias, gentuza carente de sangre azul y castellana, evidente mafia intelectual fracasada que ni siquiera habla español. Debe haber sido el mismo estupor que invadió en 1810 a Fernando VII cuando se enteró de que en las lejanas costas del Mar Caribe un criollo de nombre Simón Bolívar le había desafiado y declarado la Independencia de Suramérica.


Mientras todo esto acontecía, en Madrid las Cortes estaban dando el primer paso decisivo hacia el retorno del feudalismo en España. Por imposición del Ministro Fernández Díaz, los ciudadanos regresan a la condición de vasallos, con penas corporales y económicas que aseguren deudas vitalicias. La encarnación viviente de Torquemada prohíbe a 
la población circular por las calles cercanas a Palacio so pena de castigo con lepra financiera. Ver y hablar a sus opresores y esbirros del Rey será castigado con la ruina eterna, igual que referirse a sus amos en presencia o en ausencia. Cual demostración de hidalguía, el nuevo Torquemada renueva el derecho de la Corte a reeducar el populacho (léase: apalear a lo bestia) y decreta previsiones para asegurarse de que los receptores de este programa educativo permanezcan agradecidos y en silencio. 

Con estos decretos queda también restablecido el "derecho de pernada" para beneficio de las vírgenes casaderas, que de esta manera aprenderán a moverse satisfactoriamente y dar las gracias por la dureza y longitud del servicio recibido. Este programa persigue que la población disfrute del afecto cercano de sus gobernantes, además de beneficiar a las familias con un posible embarazo proveniente de la casta superior.

Si ERIC SCHMIDT, Presidente de Google, estuviera capacitado en el tema "comprensión de estupideces", lo suficiente para descifrar los altos intereses que inspiran las decisiones del Gobierno español, seguramente revisaría su decisión y ordenaría publicar las noticias de España. Naturalmente, también se avendría con entusiasmo a pagar los "derechos de autor" a la prensa de Madrid y hasta es posible que duplicase esos pagos con la esperanza de calificar para someterse personalmente al "derecho de pernada" que tantas satisfacciones ha prodigado a las mujeres españolas.